Desde el Ejecutivo, además, se blanquearon los criterios para la renovación del 94% de los contratos: desempeño de cada trabajador, el ausentismo y la necesidad de su tarea.
El gobierno provincial aportó alguna información clave para la situación planteada con la renovación de contratos y la caída de algunos de los mismos al 31 de diciembre.
En un documento publicado por Ahora, se reconocieron 1.700 agentes con contratos temporarios en el Estado, de los cuales el 94% tiene asegurado su continuidad. El Decreto 3817, que dispuso la renovación no contempla a “alrededor de 100 contratos”.
“Ante versiones que generan preocupación e interpretaciones erróneas”, se indicó en el portal de noticias, “resulta necesario brindar precisiones y contextualizar una decisión administrativa”, que responde a “un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial”.
“En primer lugar, es importante aclarar que no se trata de despidos, sino de una decisión de no renovación de una parte acotada de los contratos temporarios vigentes, cuya naturaleza jurídica es, precisamente, de plazo determinado y sujeta a evaluación periódica”, expresaron.
“Del total aproximado de unos 1.700 contratos temporales existentes en la Administración Pública Provincial, la decisión adoptada alcanza a alrededor de 100 contratos, lo que representa menos del 6% del total. En consecuencia, más del 94% de los contratos temporarios fueron renovados, garantizando la continuidad operativa de las distintas áreas del Estado”, precisaron.
En ese sentido, indicaron que se trató de “un proceso basado en criterios objetivos y descentralizados”. “La evaluación no fue automática ni generalizada. Cada ministerio y organismo realizó un análisis particularizado de su planta de personal temporario, en función de criterios claros, objetivos y previamente establecidos”, afirmaron.
Criterios
El gobierno difundió los criterios para la renovación: 1) Nivel de cumplimiento efectivo de tareas y funciones asignadas; 2) Desempeño laboral y responsabilidad en el rol desempeñado; 3) Compromiso con las funciones y con el servicio público; 4) Asistencia regular y niveles de ausentismo; 5) Necesidad real y actual del puesto, en el marco de los procesos de reorganización administrativa, modernización del Estado y optimización de recursos.
“En este sentido, también se evaluó si determinadas tareas o funciones dejaron de ser necesarias o fueron reorganizadas, digitalizadas o absorbidas por otros equipos, haciendo innecesaria la continuidad de algunos contratos”, se afirmó.
Fuente y Redacción: Página Política
