Recientemente hemos presenciado con asombro e indignación una inadmisible represión estatal contra obreros estibadores que se manifestaban pacíficamente en el puerto de Concepción del Uruguay.
Un documento de la Comisión Provincial por la Memoria afirma que la represión de las protestas sociales se duplicó en el segundo año del gobierno libertario. Las detenciones arbitrarias aumentaron un 77% entre 2024 y 2025.
Desde la implementación de la Resolución 943/2023 conocida como “protocolo antipiquetes” se ha evidenciado una política sistemática y selectiva de represión que solo busca limitar el derecho de protesta y la expresión pública.
En 2025 se registraron 34 movilizaciones con episodios represivos aumentando considerablemente el número de heridos y detenidos. En las movilizaciones convocadas por organizaciones de jubilados se registró entre las personas heridas a grupos especialmente vulnerables como adultos mayores, al menos 155 casos que cuadriplicaron los del año 2024 entre ellos jóvenes y niños todos afectados por gas spray irritante.
Entre los afectados en 2025 se destacan 184 trabajadores de prensa, cifra que duplicó los casos del año anterior. El informe denuncia un despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad en las manifestaciones, con una relación de hasta siete (7) policías por manifestante en algunos casos.
El 85% de las movilizaciones monitoreadas en 2025 se registró la portación por parte de las fuerzas del estado de armas letales que están prohibidas en estos contextos.
Además, se registró prácticas de inteligencia ilegal en el 81% de las protestas incluyendo filmaciones y recopilación de antecedentes de los manifestantes.
Estos son algunos datos que revelan abiertamente la criminalización de la protesta con arbitrarias, ilegales y bárbaras detenciones de jubilados que también perjudicaron a trabajadores de prensa, vendedores ambulantes y personas en situación de calle.
Se ha denunciado esta situación en organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Hay un claro objetivo por parte del gobierno el de limitar el ejercicio de derechos democráticos básicos, elementales y esenciales. Un teatro de operaciones que muestra en forma contundente un régimen autoritario que niega e impide el ejercicio de derechos constitucionales de manifestarse y de peticionar por justos reclamos ante las autoridades que ejercen el poder de turno.
Un plan persistente e inmutable de disciplinamiento social.
Todo ello con el objetivo de imponer políticas económicas regresivas destructoras del desarrollo soberano, de las fuentes de trabajo y donde solo se benefician los sectores económicos más concentrados. Hay una agresión gubernamental a los Derechos básicos.
El panorama presente y futuro para nada es alentador. Retrata una realidad que abriga muy pocas esperanzas. Subyace el odio y el desprecio hacia la comunidad del trabajo. (Léase proyecto de ley de “modernización” laboral).
El horizonte se ha oscurecido y la tormenta puede desatarse.
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
C.G.T. REGIONAL CONCORDIA
