El cierre del INVITAM en Concordia no es una medida administrativa ni un gesto de austeridad. Es una definición política que revela con claridad cómo gobierna Azcué: frente a problemas estructurales, en lugar de resolverlos, desarma las herramientas del Estado.
Y eso no es abstracto. Tiene consecuencias concretas.
Concordia arrastra desde hace años niveles críticos de pobreza, un déficit habitacional profundo y serias dificultades en el acceso a servicios básicos. Pero esos problemas no afectan únicamente a los sectores más vulnerables: atraviesan también a amplios sectores medios que ven deteriorarse su calidad de vida, con servicios cada vez más deficientes y un Estado que responde cada vez menos.
En ese contexto, el INVITAM no era un organismo secundario. Era una herramienta concreta para intervenir en el hábitat: urbanización de barrios, acceso a servicios, regularización de tierras. Cerrarlo no resuelve ninguno de esos problemas. Los deja sin respuesta.
Porque cerrar áreas no es gestionar mejor. Es correrse.
Azcué no está resolviendo el déficit de infraestructura, ni mejorando el acceso a servicios, ni dando respuestas al deterioro urbano que afecta tanto a los barrios populares como a sectores medios. Está desmantelando las capacidades estatales que permitían intervenir sobre esos problemas.
El argumento es siempre el mismo: “no hay plata”. Pero esa frase no explica las decisiones: las encubre. No hay plata para sostener políticas que mejoran la vida cotidiana, pero sí para redefinir prioridades que no atacan los problemas reales de la ciudad.
Lo que estamos viendo no es improvisación. Es un método.
Primero se debilitan las áreas, se las deja sin recursos y sin dirección. Después, cuando inevitablemente funcionan peor, se las señala como ineficientes. Finalmente, se las cierra o se las reemplaza por soluciones de mercado.
Eso es exactamente lo que ocurrió a nivel nacional con la desarticulación de la política de integración socio-urbana. Y eso es lo que hoy pasa en Concordia.
El caso del INVITAM no es el único. La recolección de residuos es otro ejemplo evidente: desde que asumió esta gestión, el servicio se deterioró, se volvió irregular, y la basura pasó a ser un problema cotidiano en la ciudad. Ahora, frente a ese escenario que el propio gobierno dejó degradar, la respuesta que aparece es la privatización.
La lógica es la misma: dejar caer para después justificar el desguace.
Pero hay algo más profundo todavía.
Las políticas de infraestructura social no solo resuelven problemas materiales. También sostienen la vida en común: organizan la ciudad, garantizan condiciones básicas, permiten que la vida cotidiana funcione. Cuando esas políticas se desarman, lo que se rompe no es solo una estructura estatal. Es la capacidad de la sociedad de sostenerse colectivamente.
Por eso esto no es solo un ajuste. Es una redefinición del rol del Estado.
Azcué no está resolviendo los problemas de Concordia. Está eligiendo no hacerlo. Está retirando al Estado de donde más se lo necesita, en una ciudad donde la demanda de respuestas en los barrios populares y en los sectores medios no para de crecer.
Eso no es eficiencia. Es abandono.
La pregunta no es cuánto se ahorra cerrando el INVITAM.
La pregunta es quién se hace cargo de lo que deja de hacerse.
Porque en Concordia, cuando el Estado se retira, los problemas no desaparecen.
Se acumulan.
Ludmila Fernández Castellano. (Ref. Patria Grande Concordia)
