El Juzgado del Trabajo N° 2 de Concordia hizo lugar a una acción de amparo patrocinado por el abogado Emanuel Almirón y presentada por una madre en representación de su hija menor de edad y ordenó a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) otorgar cobertura integral para garantizar la continuidad escolar de la niña en la Escuela Santa Lucía durante el ciclo lectivo 2026.
La resolución fue firmada este martes 13 de mayo por el juez , quien consideró “ilegítima, irrazonable y abusiva” la exigencia de la obra social de presentar habilitación de “escuela especial” para autorizar la prestación educativa.
De acuerdo a la sentencia, la menor cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y presenta trastornos vinculados al desarrollo del lenguaje y de habilidades escolares. La madre había solicitado la cobertura total de la escolaridad en una institución educativa de modalidad común, donde la niña ya se encuentra integrada.
Sin embargo, desde OSER requirieron documentación vinculada a categorizaciones de educación especial, situación que derivó en la presentación judicial. La actora sostuvo que dicha exigencia resultaba discriminatoria y contraria al paradigma vigente de educación inclusiva.
En el fallo, el magistrado recordó que la Ley Nacional 24.901 garantiza prestaciones educativas para personas con discapacidad y contempla expresamente la integración en escuelas comunes cuando ello resulte posible y recomendado.
Asimismo, destacó la importancia del “arraigo escolar” y de preservar la continuidad pedagógica de la menor, señalando que un cambio de institución por motivos meramente burocráticos podría afectar su desarrollo, socialización y proceso de aprendizaje.
El juez también valoró los informes médicos y pedagógicos incorporados a la causa, en los que se remarcó la necesidad de sostener sin interrupciones el proceso educativo y terapéutico de la niña.
Finalmente, la Justicia ordenó a OSER brindar cobertura inmediata, gratuita e integral del 100% para la escolaridad en Sala de 5 Años de la Escuela Santa Lucía y dispuso que el pago se efectúe de manera directa al establecimiento educativo, prohibiendo el sistema de reintegros a la familia.
