Familias, prestadores, organizaciones sociales y agrupaciones se movilizaron para exigir que se aplique una ley aprobada pero aún sin ejecución.
Denuncian congelamiento de aranceles y reducción en las terapias.
El reclamo por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad volvió a ocupar el centro de la agenda de organizaciones sociales, prestadores de servicios terapéuticos, docentes, familias y personas con discapacidad. A pesar de que el Congreso rechazó el veto presidencial a la ley tiempo atrás, la norma sigue sin ser aplicada, generando una crisis profunda en el sector.
«Estamos exigiendo la implementación vigente de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El veto se rechazó en el Congreso hace tiempo, y todavía seguimos sin su implementación», expresaron voceros del colectivo convocante.
Uno de los principales puntos de conflicto es el congelamiento del nomenclador de prestaciones, que regula los valores que cobran los prestadores por sus servicios.
Según denuncian, estos aranceles permanecen sin actualización desde septiembre de 2024, lo que afecta gravemente la sostenibilidad de los espacios terapéuticos.
«Desde hace un año los prestadores cobran exactamente lo mismo, y esto los obliga a recortar horas de atención. Las sesiones con los chicos son cada vez más cortas, y los acompañantes pedagógicos en las escuelas también están afectados», advirtieron. Actualmente, el nomenclador cubre solo 32 horas clase al mes, lo que en la práctica implica apenas dos semanas de trabajo escolar, dejando sin apoyo a estudiantes que requieren acompañamiento constante.
La situación económica también agrava el panorama: «Es extrema la situación de los prestadores, con aranceles congelados mientras todo sube: servicios básicos, monotributo, alquileres. Es insostenible seguir sosteniendo los espacios», relatan.
Una madre presente en la movilización expresó: «Como mamá de un chico con discapacidad, apoyo y acompaño esta causa. Esto no es solo un reclamo del colectivo de la discapacidad: es una causa social que trasciende lo individual, como también ocurre con los jubilados o con quienes viven en situación de vulnerabilidad. Tenemos que generar empatía, acompañar y poner un freno a todo esto, porque es demasiado».
La jornada de protesta estuvo acompañada por artistas autoconvocados, el Polo Obrero, agrupaciones locales vinculadas a la discapacidad, prestadores independientes, docentes del profesorado de ciencias sociales y familias enteras que reclaman medidas urgentes.
Desde el sector esperan que el Gobierno tome medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de la ley y frenar el deterioro en la calidad de vida de miles de personas que hoy dependen de un sistema de apoyo en crisis.
Crédito: María José Monzón para Concordia24
