La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre de 72 años, quien aseguró que un individuo de 39 años, con acceso a su billetera virtual, realizó compras millonarias de dispositivos electrónicos sin su autorización e incluso solicitó un crédito a su nombre.
El pasado sábado 13 de septiembre, personal de la Comisaría Segunda de Concordia realizó tres allanamientos en el marco de una causa por estafa. Uno de los operativos tuvo lugar en un maxi kiosco ubicado en la esquina de avenida San Lorenzo y Alvear.
Con las pruebas reunidas y bajo directivas de la fiscal Daniela Montangie, el juez de Garantías Francisco Ledesma autorizó los procedimientos. Según la denuncia, el acusado habría adquirido un reloj inteligente y cuatro teléfonos Samsung Galaxy S25, que fueron enviados al domicilio del maxi kiosco. Durante el operativo en el lugar se incautaron dos celulares y el reloj, elementos directamente vinculados a la maniobra.
Tras los allanamientos, la fiscal Montangie imputó a Emiliano Sebastián Monsa Logegaray por el delito de estafa. El celular del acusado será sometido a pericias para determinar el alcance de la operatoria fraudulenta.
Fuentes judiciales explicaron que este tipo de estafas suele comenzar cuando los delincuentes se hacen pasar por personas dispuestas a ayudar en trámites, logrando que las víctimas les faciliten teléfonos, contraseñas o datos sensibles. Con esa información, acceden a las cuentas y concretan operaciones fraudulentas.
Un drama social detrás del caso policial
Más allá de la investigación judicial, el caso abre un debate urgente: la desprotección en la que quedan muchas personas mayores frente a este tipo de maniobras. La víctima, un hombre de 72 años con severos problemas de visión y un cuadro depresivo diagnosticado, no solo perdió dinero y bienes materiales, sino que fue despojado de su único vehículo, quedando en un estado de vulnerabilidad extrema.
Fuentes cercanas señalaron que hoy atraviesa una situación crítica, sin medios para movilizarse y con serias dificultades para sostener su vida cotidiana. “No es solo un caso policial más, es un problema social grave: hablamos de adultos mayores desamparados que terminan siendo blanco fácil de estafadores”, advirtieron.
La causa penal continuará su curso, pero la historia de esta víctima refleja una problemática mayor: Este caso deja en evidencia que la Justicia, además de avanzar con los trámites procesales, debería dar un paso más en su mirada sobre las consecuencias sociales que estos delitos generan. Las víctimas en estado de vulnerabilidad —adultos mayores con problemas de salud o sin redes de contención— muchas veces no tienen el tiempo ni los recursos para esperar que los procesos judiciales se resuelvan. Cada día que pasa sin respuestas concretas profundiza su fragilidad. Por eso, más allá de la condena a los responsables, es urgente que el Estado y la Justicia articulen mecanismos de protección inmediata que eviten que estas personas queden libradas a su suerte.
Fuentes: Diauno – Concordia Policiales
