Desde nuestro lugar manifestamos nuestra más profunda y firme convicción de que el estado de seguridad es una construcción colectiva y amplia, donde el aporte de cada individuo u organismo es de elevada importancia.
Entendiendo que la problemática de la violencia y del delito han ido en una franca escalada y en consecuencia ya poco importa el excusarse en cuestiones de competencia para escapar a su tratamiento es qué en noviembre del año pasado Juntos por el Cambio presentó un proyecto de Resolución para que el Ejecutivo convoque al Consejo de Seguridad y a la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero ya que la Ordenanza que lo regula establece reuniones mensuales obligatorias y no se estaban cumpliendo. Esto no ocurrió.
En marzo del corriente año se presentó un proyecto de Ordenanza proponiendo la modificación del Artículo 13 de la Ordenanza N 35.632, que regula el Consejo de Seguridad. La modificación consistía en que, por decisión de la mayoría simple, el Concejo Deliberante quede habilitado para convocar de forma extraordinaria al Consejo de Seguridad. El 24 de junio el Proyecto de Ordenanza fue aprobado por unanimidad.
Dicha modificación no es antojadiza ni caprichosa está fundada en el dinamismo, que creemos que tiene que tener el Consejo de Seguridad, ya que la agilidad es un elemento indispensable a la hora de accionar contra la delincuencia. Y desde hace un año que se venía evidenciando la pasividad y la inacción, por lo menos, para convocar al Consejo de Seguridad de parte de quienes, por normativa tienen el rol de hacerlo.
También está fundada en la toma constante de conocimiento de hechos de inseguridad, y los reclamos que se materializan a través del primer escalón del reclamo de los vecinos, que es el Concejo Deliberante.
El 24 de junio el Proyecto de Ordenanza fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante.
El 28 de junio mediante Decreto N 690-2021 El Departamento Ejecutivo veta la Ordenanza.
En primer término con un claro gesto político que atenta contra el dinamismo de respuesta que necesita una problemática que nos duele y nos preocupa a todos los ciudadanos, como es la inseguridad.
En segundo lugar con argumentos que son tan improcedentes como erráticos, ya que los fundamentos por los cual se veta la modificación del Art N 13 Ordenanza N 35.632 son meramente operativos, y en las objeciones se aprecian meras disconformidades que no atacan a la legalidad y constitucionalidad de la norma, con lo cual el veto del Departamento Ejecutivo carece de ser y sobre todo de fundamentación adecuada.
El jueves 5 de agosto del 2021 por unanimidad el Concejo Deliberante rechaza el veto del Ejecutivo.
El primer paso que la política se niega a dar, es el de reconocer que la inseguridad es un problema a admitir, y el segundo paso es la decisión política, de reconocer la inseguridad como un problema urgente a resolver.
Lo central, más allá de los argumentos, es que no abordar el fenómeno complejo y multicausal de la inseguridad constituye una actitud irresponsable. Por parte de quienes tienen la responsabilidad institucional, ya sea directa o indirecta, de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.
El aumento de la violencia y el delito nos coloca a todos aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, ante el imperativo de asumir estos temas.
Desde nuestro lugar, aunque las iniciativas no sean aprobadas, aunque las normativas sean vetadas, vamos a seguir presentando propuestas en materia de seguridad y vamos a seguir trabajando con el mismo espíritu colaborativo, propositivo y de aportes continuos. Más allá que cuando corresponda vamos a sumar las críticas que creamos justas hacerlas.
