Este lunes, la UTA volverá a reunirse con la patronal Fatap y el gobierno nacional. Podría surgir una oferta que desactive el paro anunciado a partir del martes con alcance en todo el interior.
Algunos de los actores en esta pulseada que conocen la trama de cerca mantienen firmes esperanzas que este lunes en la reunión prevista entre los choferes y los empresarios Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) en el Ministerio de Trabajo de la Nación se levantará la huelga.
Ninguno todavía arriesga una confirmación. De hecho uno de los dirigentes habló de un “salto de confianza”. No hay certezas de que lleguen recursos de la Nación en los próximos días. A última hora de ayer desde esa cartera le señalaron a este medio que no había novedades sobre la posibilidad de nuevos recursos para descomprimirlo.
Tampoco por ahora hay posibilidades o confirmaciones que desde la Provincia o la Municipalidad decidan ampliar los subsidios propios o adelantar fondos a cuenta.
La pregunta, entonces, es de dónde saldrán los 13.500 millones de pesos que necesita el sistema de transporte urbano del interior para hacer frente al aumento del 50 por ciento que reclaman los choferes, tal como el que recibieron sus pares del Área Metropolitana del Buenos Aires (Amba).
Las respuestas apuntan a que las gestiones estarían avanzadas para que el Ministerio de Economía de la Nación que conduce Sergio Massa finalmente dé luz verde a la erogación de esos fondos. Con esos recursos se podrá garantizar el funcionamiento del sistema de trasporte urbano de pasajeros sin interrupciones hasta fin de año.
Por lo pronto la promesa de inclusión dentro del presupuesto 2023 de un cálculo para subsidios a las provincias de 85 mil millones de pesos más una cláusula gatillo si la inflación se dispara por encima del 60 por ciento llevó algo de tranquilidad. Para las provincias, ese cálculo debería partir de 113 mil millones, pero el número incluido es sustancialmente superior al que se había estimado en el proyecto enviado en primer término al Congreso.
Que pasó en Concordia, en el último paro
En este marco cabe recordar que en el último paro de colectivos en la ciudad y con el compromiso de contemplar la realidad del sector en una agenda de trabajo conjunto de consideración inmediata, el intendente Enrique Cresto y las cooperativas que prestan servicios en el transporte urbano de pasajeros llegaron a un acuerdo que posibilitó el pleno restablecimiento del servicio de colectivos desde las primeras horas del jueves.
En estas charlas también se puso en primer plano una realidad que diferencia a Concordia de otras localidades. En nuestra ciudad, la mayoría de las empresas de colectivos son cooperativas de trabajo. Y esto en gran parte se debe a que en su primera gestión Cresto apoyó fuertemente a las empresas cooperativas.
“Hoy el Intendente Enrique Cresto está realizando gestiones en Buenos Aires. Él habló con las autoridades de la Cámara, con las cooperativas. Les pidió que se tenga en cuenta la situación de los trabajadores, y principalmente el caso de los estudiantes. Escuchó los reclamos y luego nosotros continuamos las charlas. Finalmente, gracias a la buena voluntad de todas las partes, se tomó la decisión esperada por parte de las empresas que vuelven a trabajar mañana”, había señalado el pasado 12 de octubre el secretario de Gobierno Álvaro Sierra.
“Es un problema que en su mayor dimensión no depende de decisiones o medidas que podamos tomar desde el municipio. Este paro es una medida nacional por reclamos salariales y el debate no se resuelve con lo que podamos hacer acá”, argumentó Sierra, “pero hubo voluntad de diálogo, estuvo el reconocimiento de los colectiveros que Cresto siempre los escuchó y finalmente pudimos establecer un acuerdo que permite la vuelta del servicio”, concluyó el funcionario.
Por ahora respecto al paro anunciado por 72 hs. en el interior del país, no se dijo nada desde el Ejecutivo Municipal. Seguramente estarán a la espera de las novedades que se produzcan este lunes en la reunión que a nivel nacional sostendrá la UTA con la patronal Fatap y el gobierno nacional.
