El Gobierno nacional busca tratar en sesiones extraordinarias el proyecto de reforma laboral que propone una actualización de la Ley de Contrato de Trabajo, combinando flexibilización, digitalización y beneficios sociales sin eliminar derechos adquiridos como las vacaciones, las indemnizaciones o el pago en dinero.
La iniciativa busca modernizar las relaciones laborales y facilitar la actividad de las pequeñas y medianas empresas, sin modificar los principios básicos que protegen a los trabajadores.
Jornada laboral
La jornada laboral se mantiene en 48 horas semanales y 8 o 9 diarias, pero los convenios colectivos podrán definir nuevas modalidades flexibles, como el “banco de horas” o los francos compensatorios.
Cada trabajador deberá contar con un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas, para garantizar su salud y seguridad.
Indemnizaciones
Las indemnizaciones por despido siguen vigentes y no se eliminan. El proyecto contempla que las MiPyMEs puedan abonar los montos de juicios laborales en hasta 12 cuotas, ajustadas por IPC + 3% anual, reduciendo la presión financiera sin afectar el monto total.
Vacaciones
Las vacaciones continuarán siendo anuales y obligatorias, aunque podrán fraccionarse en períodos no menores a una semana. Cada empleado tendrá derecho a disfrutar vacaciones en verano al menos una vez cada dos años, lo que antes se establecía cada tres.
Salarios y beneficios
El salario deberá seguir abonándose en dinero, como exige la ley, pero el texto amplía los beneficios sociales opcionales que los empleadores pueden ofrecer, tales como almuerzos, cobertura médica, guardería, internet, útiles escolares o capacitaciones. Estos beneficios no se consideran salario, pero buscan mejorar la calidad de vida laboral y atraer talento sin aumentar directamente la masa salarial.
Para los empleadores
La reforma apunta a digitalizar trámites, reducir litigios y permitir una mayor planificación interna. También impulsa la implementación de recibos de sueldo digitales y sistemas modernos de gestión del tiempo laboral.
En resumen, el proyecto propone una modernización gradual del sistema laboral argentino, con más herramientas de negociación y flexibilidad, pero sin eliminar derechos históricos de los trabajadores. Una iniciativa que, según el Ejecutivo, busca actualizar el mercado laboral al siglo XXI y dar aire a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas, que concentran la mayor parte del empleo formal del país.
