Hay una frase que Jorge Busti repitió como una letanía durante años: «Botnia contamina y yo tengo pruebas». La pronunció en Gualeguaychú, frente al puente General San Martín, cuando ya pocos querían escuchar, cuando la causa corría el riesgo de ser archivada bajo el cómodo rótulo de «conflicto resuelto». La dijo sabiendo que la sentencia de La Haya no había colmado todas las expectativas. Y la siguió sosteniendo igual.
Muchos años después, un informe que se acaba de conocer, del Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) terminó de confirmarlo. El documento registra episodios de toxicidad sobre Daphnia magna —un organismo bioindicador estándar en estudios de calidad de agua— durante los últimos meses de 2023. Especialistas del propio comité binacional sostienen que los análisis demuestran que el efluente de la planta provocó ese impacto. Una fuente diplomática con participación activa en aquellos años de litigio lo resumió sin rodeos: el informe ratifica que se tenía razón, que la toxicidad en el efluente es un hecho real.
No es la primera vez que un documento oficial traduce en datos lo que Gualeguaychú gritaba en la ruta desde 2005. Ya en 2016, un estudio binacional había detectado «apartamientos de la normativa» en parámetros de hierro, aceites, grasas, fenoles y metales pesados en la zona de influencia de la planta Orión, junto con una degradación aún mayor en la desembocadura del río Gualeguaychú. La secuencia de respaldos científicos e institucionales es extensa; lo único que se actualiza es la fecha del calendario.
Lo que la Corte sí dictaminó
La demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya —impulsada por la Asamblea Ambiental y respaldada por unanimidad por la Legislatura entrerriana— no concluyó en una victoria absoluta, ya que el tribunal no ordenó la relocalización de la planta. Sin embargo, estableció con nitidez que Uruguay había violado las obligaciones de procedimiento del Estatuto del Río Uruguay de 1975 al autorizar la construcción de forma unilateral.
Ese matiz fundamental, disuelto en su momento bajo el titular simplista de «La Haya no condenó a Botnia», fue el que Busti reivindicó tiempo después: «Reafirmamos lo que dijimos desde un primer momento: la República Oriental del Uruguay obró de mala fe y violó el procedimiento establecido». No era el desenlace máximo aspirado, pero era, exactamente, la verdad jurídica que se había ido a buscar en ese frente.
Todo eso ocurrió mientras Busti insistía en que la causa no era antojadiza, que no se trataba de oponer ecología a economía sino de pedir que el desarrollo no se pagara con la degradación del río y de la calidad de vida de la gente que vive de él. Es la misma idea que, mucho antes, había puesto en palabras el general Perón: «Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización». Busti la actualizó para Entre Ríos en una causa concreta, con nombre y río propios. Como antecedente, bajo esa misma óptica de defensa del ambiente, el 25 de septiembre de 1997 se había sancionado la ley provincial N° 9.092, que sirvió para proteger a los ríos Paraná y Uruguay del represamiento, con dos pescadores que tuvieron un gran protagonismo en esa causa social: Luis «Cosita» Romero y Raúl Rocco.
Los ríos como destino y posteridad
Hay una comprensión identitaria que atravesó este conflicto y que merece ser recuperada ahora que los datos respaldan la persistencia histórica: la convicción de que Entre Ríos está moldeada, económica y políticamente, por sus cursos de agua. No se trata de una metáfora discursiva, sino de una clave de lectura de la provincia entera, de su producción y de su idiosincrasia. Esa certeza explica por qué Gualeguaychú no claudicó en años de movilización, incluso cuando el panorama invitaba a la resignación.
Por eso, al evaluarse el legado de esa resistencia, Busti señaló que la mayor enseñanza de toda esa lucha no estaba en ningún expediente, sino en otro lado: «El ejemplo de Gualeguaychú logró despertar una sana conciencia ambiental en una gran mayoría de los entrerrianos». Ese cambio cultural no figura en las planillas de monitoreo, pero constituye la prueba más sólida y duradera de que aquella persistencia no fue en vano: el tiempo, lejos de diluir el reclamo, terminó por darle la razón a la causa.
Claudio Ava Aispuru.
(Ex presidente del Frente Entrerriano Federal)
