A través de un proyecto de Resolución, el bloque de Concejales de Juntos por el Cambio rechaza y manifiesta su profunda preocupación la intervención a la empresa Vicentin, por parte del Gobierno Nacional
Ante la bochornosa decisión del Presidente de intervenir administrativamente la firma Vicentin por DNU y la inminente presentación de un proyecto de expropiación de la empresa por parte de la Senadora Fernández Sagasti, desde el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio queremos expresar nuestra profunda preocupación por el atropello a la propiedad privada y a la seguridad jurídica que esto representa.
El avance sobre dos de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro sistema de valores, se manifiesta en la caprichosa intervención por decreto de una empresa que se encuentra en concurso de acreedores, habiendo manifestado voluntad de pago e incluso contando con diversos inversores interesados en sanear el pasivo y dar continuidad a sus operaciones conservando las fuentes de empleo.
La decisión presidencial, además, avasalla los demás Poderes de la República, por un lado, porque se dicta un DNU cuando no hay ni necesidad ni urgencia, y el Congreso ya se encuentran sesionando. Por otro lado, porque la designación de un interventor administrativo pasa por encima al juez del proceso concursal, que se encontraba interviniendo dentro del marco previsto por la Ley de Concursos y Quiebras.
En otro orden de ideas, la excusa de la “soberanía alimentaria” es una falacia, dado que la principal planta es productora de biodiesel, mientras que las demás elaboran harina o aceite de soja o alimentos para ganado. ¿Acaso el plan kircherista es que la gente se baje un choripán de pan de soja tomando un litro de nafta?
Este modelo copiado del régimen chavista se aplicó con YPF en la gestión de la actual vicepresidenta y fracasó rotundamente, porque de pasar a qué Repsol casi nos tuviera que devolver plata según Kicillof, terminamos pagando más de 8000 millones de dólares y aún siguen dando vueltas varios juicios multimillonarios.
De más está decir, que la hipocresía discursiva se cae a pedazos cuando buscamos otros antecedentes similares en empresarios amigos del kirchnerismo, como Cristóbal López y Fabián De Souza, a quienes por arte de magia le desaparecieron las pruebas de AFIP y le perdonaron una deuda de más de 10.000 millones de pesos. Mismo caso del amigo Moyano, al que le condonaron recientemente una multa de 810 millones, y que tiene concursada a su empresa OCA pero a nadie se le cruza la idea de expropiarla.
En fin, lo que tenemos que entender es que hoy es Vicentin, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Porque a este paso, no faltará mucho para que por una deuda con el banco nos vengan a expropiar la casa o que por no pagar la tarjeta de crédito nos expropien el auto.
