La Corte de Al Capone:
Opinión por los abogados Daniel Casas Gerber (Nogoyá) y Fabio D’Angelo (Concordia) Matriculas Federales 233/81 y 815/140.
Fiel a su estilo, atropellando las instituciones republicanas, el presidente Javier Milei, ha designado dos jueces en la Corte Suprema de Justicia, por decreto. Efectivamente, como tan mal nos viene acostumbrando este personaje nefasto de la política actual, que no nos representa ahora, ni lo hará́ en lo sucesivo, pretende arrogarse facultades que se encuentran vetadas en la constitución incumpliendo con nuestra carta magna, la que expresa en el art. 29 que: El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. De la simple lectura del artículo surge claramente, que la manda constitucional, limita restringe e impide cualquier arrogación de un poder sobre otro, cuando la vida el honor y las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna, lo que se cita textualmente. Condenando a la nulidad y a la imputabilidad del delito de traición a la patria, que encuentra su correlato en el art. El artículo 214 del Código Penal que establece, bajo el Capítulo I llamado “traición”, que será́ reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición, toda/o argentina/o o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro. De este modo, la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema sin el acuerdo del Senado vulnera el principio de separación de poderes y la Constitución, que exige un proceso de aprobación para garantizar la independencia del Poder Judicial. El mencionado artículok prohíbe la concentración de poderes, lo que Milei parece ignorar al actuar de manera inconsulta. Por otra parte hay una total falta de Legitimidad y Consenso, ya que la oposición y varios sectores políticos han expresado su rechazo a la medida, calificándola de antidemocrática y carente de legitimidad. Esta falta de consenso político y la imposición por decreto generan desconfianza en el sistema judicial y en la capacidad del gobierno para respetar las instituciones republicanas. Además, existen serias controversias sobre los Nominados: Ariel Lijo, uno de los designados, ha sido criticado por su manejo de casos de corrupción y su bajo índice de resolución de causas, lo que cuestiona su idoneidad para el cargo. Y el otro postulado, García Mansilla, un ignoto jurista, que no denunció que no aceptaría asumir en la Corte por decreto, ante el congreso, y que ahora al acepta expresa un claro impedimento en su habilidad moral e imparcialidad para decidir en las causas en que esten involucrados el gobierno y los hermanos Milei. Así, como venimos diciendo, la designación de jueces con controversias en su historial judicial puede afectar la percepción de imparcialidad y eficacia de la Corte Suprema. La medida ha sido vista como un intento de garantizar impunidad política y económica, lo que podría erosionar la confianza pública en el sistema judicial. La decisión puede desencadenar una crisis institucional, afectando la estabilidad política y social del país. Por su parte las redes Sociales y Medios han expresado duras críticas hacia la decisión, calificándola de «horror» y «estafa electoral». La reacción pública refleja un amplio rechazo a la concentración de poderes y la falta de respeto a los procesos democráticos. Así, dadas las cosas y ante la evidente gravedad institucional, sumado a la impunidad manifiesta y clara con que se expresa el Gobierno libertario, instamos a todas las fuerzas vivas de nuestra provincia y de nuestra nación, a manifestarse públicamente a través de las redes sociales y/o el medio que consideren oportuno, para que anular estas designaciones que, por otra parte, están siendo rechazadas por todos los argentinos.
Grupo San José Principios y Valores.
