Finalmente, hoy se hace la audiencia pública para tratar el aumento en las tarifas de gas a partir del 1 de octubre, aun cuando las entidades de consumidores y los defensores del pueblo de la provincia de Buenos Aires y de varios municipios habían pedido la postergación apelando a la situación económica de los usuarios.
Con la crisis cambiaria todavía con final incierto y la falta de acuerdo entre productoras y distribuidoras, no hay cuadros tarifarios ciertos para que se puedan debatir. Si bien las audiencias no tienen carácter vinculante para el Poder Ejecutivo, por lo que se las termina considerando un trámite forma, en este caso no hay tema cierto para debatir, por lo cual el encuentro puede ser objetado en la Justicia.
Las distribuidoras y transportistas presentarán el ajuste por inflación que corresponde aplicar sobre sus ingresos por la revisión tarifaria integral aprobada durante la gestión de Juan José Aranguren. Debido a que la evolución del índice de precios mayoristas desde marzo a agosto arroja un incremento del 28,82%, con el último mes estimado, esas empresas pedirán la aplicación plena del ajuste que implica un alza de alrededor del 15% en la tarifa final de los usuarios.
Hasta ayer, ni el Enargas ni el Ministerio de Energía les habían pedido un traslado menor. Pero, peor que eso, el Gobierno tampoco había iniciado negociaciones con las petroleras sobre el precio del gas que se aplicará desde octubre, y sobre la deuda que esas empresas les reclaman a las distribuidoras porque éstas están pagando el gas distribuido desde abril a un tipo de cambio de $20,34, cuando en los contratos está establecido que se deberá liquidar el producto según el valor del dólar del día anterior al pago.
Con un dólar a $31, las distribuidoras estimaban un alza de alrededor del 100% en tarifa final, calculando el nuevo valor del gas en boca de pozo, con una rebaja del 15% sobre el acordado en la época de Aranguren, y considerando la deuda con las petroleras en pesos y no en dólares.
De la audiencia participará el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien exigirá que se frenen los aumentos tarifarios y se suspendan los cortes de servicios por falta de pago ya que, dijo, «mucha gente no puede afrontar más aumentos».
Amor además reclamará: «que la tarifa de los servicios públicos deje de estar dolarizada, más en un contexto de fuertes devaluaciones; que se declare a la garrafa como un servicio público esencial; que los aumentos tarifarios vayan de la manos de las paritarias salariales, que se discuten una vez por año»; entre otro puntos.
