Por Dr. Nicolás Parera Deniz (Presidente del Frente Entrerriano Federal).
Esta semana, el Senado provincial comenzará a tratar en comisión el proyecto de ley que propone la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia (AABIPER), con el objetivo de otorgarle sanción definitiva. El proyecto cuenta con media sanción desde el año pasado y, ante su inminente tratamiento, considero oportuno expresar una mirada crítica sobre su contenido, ya que lo que está en juego trasciende lo técnico y compromete principios constitucionales fundamentales.
Lo que se discute no es simplemente la creación de un nuevo organismo. El proyecto habilita a esta Agencia a gestionar y disponer de los bienes inmuebles del Estado provincial, lo que incluye vender, ceder u otorgar en uso propiedades públicas. Todo ello, sin intervención legislativa, sin debate democrático y sin una responsabilidad institucional claramente definida.
La disposición de los bienes del Estado, especialmente los inmuebles, no es una facultad menor. Es una función central, expresamente reservada a la Legislatura por los artículos 80 y 81 de nuestra Constitución Provincial. No puede ser transferida, ni por comodidad ni por razones operativas. Hacerlo implica romper el equilibrio republicano y vaciar de contenido la representación del pueblo.
Desde el gobierno se argumenta que la creación de esta Agencia busca “agilizar la gestión”, superar la burocracia y ordenar lo que hoy está disperso. Nadie niega que el sistema puede y debe mejorarse. Pero si esa es la intención, bien podría crearse un área técnica o de coordinación centralizada dentro del Ejecutivo que permita inventariar, controlar y racionalizar el uso de los inmuebles públicos. Eso sería perfectamente válido.
Lo que no se puede hacer, bajo ningún argumento, es delegar la potestad de disponer de los bienes del Estado. Porque la falta de gestión no puede justificar la violación de la Constitución.
Lo más preocupante, sin embargo, es el contexto en el que se impulsa este proyecto. De aprobarse, la Agencia quedaría en manos de funcionarios designados por el Ejecutivo, muchos de los cuales no son de Entre Ríos ni tienen un vínculo real con nuestra provincia. Funcionarios que, una vez terminado su mandato, probablemente no vuelvan más. ¿Qué compromiso real pueden tener con los bienes de una tierra que no sienten como propia?
