Los recientes anuncios del Gobierno de Entre Ríos sobre la posible instalación de nuevos peajes vuelven a generar una profunda preocupación. Personalmente, siento que una vez más la dirigencia política carga sobre los ciudadanos el costo de sus decisiones.
En lugar de administrar mejor los recursos existentes, se continúa creando nuevas formas de recaudación que terminan afectando a quienes ya cumplen con sus obligaciones tributarias. Los peajes representan un negocio millonario financiado por los trabajadores y, además, constituyen una traba para la libre circulación, un derecho garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Desde hace décadas, distintos gobiernos y legisladores han permitido la instalación de cabinas de peaje, primero mediante concesiones viales y luego con nuevos esquemas de explotación. Sin embargo, se ha dejado de lado un aspecto fundamental: la existencia de un camino alternativo, gratuito y en iguales o mejores condiciones.
Por ello, solicito a quienes tienen la responsabilidad de legislar, especialmente a los legisladores provinciales, que analicen cuidadosamente esta situación antes de avanzar con nuevas decisiones. Fueron elegidos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no para resignar derechos.
La Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir libremente del territorio argentino. En la práctica, ese derecho se encuentra condicionado cuando, además de afrontar impuestos automotores, combustibles, patentes, estacionamientos medidos y otras cargas, también se obliga al pago de peajes sin ofrecer una alternativa razonable.
Las jurisdicciones provinciales no deberían imponer restricciones arbitrarias al tránsito interjurisdiccional ni trasladar a los ciudadanos las consecuencias de una deficiente administración de los recursos públicos.
No podemos seguir haciéndonos cargo de decisiones equivocadas. Si finalmente esta iniciativa se concreta, espero que quienes tienen la responsabilidad de representarnos escuchen el reclamo de los ciudadanos, que ya estamos cansados de soportar nuevos atropellos y mayores cargas económicas.
También deseo que algún abogado constitucionalista impulse las acciones necesarias para hacer valer el derecho a la libre circulación, exigiendo la existencia de un camino alternativo libre de peaje, tal como corresponde en un Estado de Derecho.
Oscar Domingo Ava
DNI 10.911.677
Coincido en un 100% con este comentario, el gobierno nacional intenta por todos los medios bajar el costo argentino y los gobernadores intentan mantener a toda costa nuevas fuentes de ingresos, entre Ríos, Santa Fe y Córdoba son los peores y los que más podrían ayudar a todo el pueblo, son responsables.
De acuerdo en un todo .