El Juzgado Federal de Concordia hizo lugar a una medida cautelar presentada por la hija de una afiliada de 70 años y ordenó al PAMI garantizar la cobertura integral de su permanencia en una residencia geriátrica. El organismo deberá cumplir la disposición en un plazo de 24 horas desde su notificación.
La Justicia Federal de Concordia dictó una resolución favorable a una adulta mayor con discapacidad y diversos problemas de salud, al ordenar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que garantice el 100% de la cobertura de su permanencia en una residencia geriátrica.
Según el abogado Emmanuel Almirón La medida fue dispuesta este miércoles 14 de octubre de 2026 por la jueza federal Analía Graciela Ramponi, en el marco de una acción de amparo presentada por la madre de una afiliada, con el patrocinio letrado del abogado Emmanuel Isidro Almirón.
La presentación judicial tuvo como objetivo garantizar la continuidad de la mujer en la residencia Los Robles, donde recibe asistencia y cuidados acordes con su estado de salud.
Una jubilación de 407 mil pesos frente a una residencia que cuesta $1,8 millones mensuales
Uno de los aspectos considerados por la magistrada fue la situación económica de la afiliada, cuyos ingresos resultan insuficientes para afrontar el costo del establecimiento.
La Justicia consideró que esta situación económica, sumada a las condiciones de salud de la afiliada, podría comprometer seriamente la continuidad de los cuidados que necesita.
La familia había intimado al PAMI en dos oportunidades
De acuerdo con la resolución judicial, la mujer cuenta con un Certificado Único de Discapacidad vigente, en el que constan diagnósticos relacionados con dificultades de movilidad, demencia, artritis reumatoide seropositiva y secuelas de un infarto cerebral.
Asimismo, el médico tratante, Agustín Arancibia, había prescripto el 8 de septiembre de 2026 la continuidad de su permanencia en la residencia Los Robles durante el período comprendido entre septiembre de 2026 y septiembre de 2027.
Ante la falta de cobertura, el abogado Doctor Emmanuel Almirón junto a la familia presentó dos intimaciones al PAMI, recibidas los días 16 y 28 de septiembre, solicitando una respuesta urgente.
Sin embargo, según las constancias analizadas por el tribunal, no surgía respuesta alguna del organismo a dichos requerimientos.
Esta situación motivó la presentación de una acción de amparo para proteger los derechos de la afiliada y evitar una eventual interrupción de la asistencia residencial.
El PAMI deberá garantizar la cobertura en 24 horas
Tras analizar la documentación médica, económica y administrativa presentada, la jueza Ramponi resolvió hacer lugar a la medida cautelar y ordenar al PAMI que otorgue la cobertura integral del 100% de la residencia.
La disposición establece que el organismo deberá cumplir la orden dentro de las 24 horas posteriores a su notificación, garantizando la continuidad de la prestación hasta que se dicte sentencia definitiva o se cumpla el período indicado en la prescripción médica, lo que ocurra primero.
Además, el Juzgado Federal requirió al PAMI que presente, dentro de los cinco días de notificado, un informe detallado sobre los motivos de la falta de respuesta y de otorgamiento de la cobertura solicitada.
La Justicia priorizó el derecho a la salud y a una vida digna
En los fundamentos de la resolución, la magistrada destacó la protección constitucional del derecho a la salud, especialmente cuando se trata de personas mayores y con discapacidad.
También consideró que una eventual interrupción de la permanencia de la afiliada en el establecimiento podría afectar gravemente su bienestar y la continuidad de los cuidados médicos y asistenciales que requiere.
La decisión se fundamentó, entre otras disposiciones, en la Constitución Nacional, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Si bien la resolución no constituye una sentencia definitiva, la medida cautelar obliga al PAMI a garantizar la cobertura dispuesta mientras avanza el proceso judicial, una vez cumplidos los requisitos de notificación establecidos por el tribunal.
El fallo representa una respuesta judicial al reclamo de una familia que acudió a la Justicia ante la falta de cobertura de una prestación considerada necesaria para preservar la salud y la calidad de vida de una adulta mayor con discapacidad.
