El secretario general de UTHGRA Concordia presentó un amparo ambiental colectivo en la Justicia Federal. La acción no solo apunta al megaproyecto industrial que se construye en la margen uruguaya del río Uruguay, sino que cuestiona qué hizo o qué dejó de hacer el Estado argentino frente a una obra de miles de millones de dólares que podría tener impacto sobre la costa entrerriana.
Mientras el proyecto de e-combustibles que HIF Global impulsa en Paysandú avanza del otro lado del río Uruguay, una presentación judicial busca abrir un nuevo frente de debate: el de las presuntas omisiones de las autoridades argentinas en materia de control, información ambiental y cooperación binacional.
La demanda fue presentada por Julio Daniel Roh, secretario general de UTHGRA Seccional Concordia, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 9. El escrito, de 191 páginas, sostiene que el Estado Nacional no habría activado de manera suficiente los mecanismos previstos por el Estatuto del Río Uruguay, la legislación ambiental argentina y el Acuerdo de Escazú para evaluar los posibles efectos transfronterizos del emprendimiento.
Un megaproyecto bajo análisis
La acción judicial describe al proyecto HIF Paysandú como una de las inversiones privadas más importantes anunciadas para la región, con un monto estimado de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares destinado a la producción de hidrógeno verde, e-metanol, e-gasolina y otros combustibles sintéticos.
Sin embargo, la discusión que plantea el amparo no se centra en cuestionar la política energética de Uruguay, sino en determinar si Argentina cumplió con sus obligaciones de prevenir, informar y participar institucionalmente frente a un proyecto que se emplaza sobre un río internacional compartido.
Las preguntas que busca responder la Justicia
La presentación judicial plantea una serie de interrogantes:
– ¿Se realizó una evaluación de impacto ambiental con alcance transfronterizo?
– ¿Qué actuaciones desarrolló el Estado argentino ante las autoridades uruguayas y en el ámbito de la CARU?
– ¿Se informó adecuadamente a las comunidades entrerrianas potencialmente afectadas?
– ¿Existieron instancias de participación pública antes del avance del proyecto?
Precisamente, esas respuestas son las que la demanda pretende obtener mediante una orden judicial que obligue al Estado a exhibir informes, comunicaciones diplomáticas, estudios técnicos y toda la documentación relacionada con el emprendimiento.
Turismo, ambiente y empleo
Uno de los aspectos centrales del amparo es la posible incidencia del proyecto sobre el corredor turístico del río Uruguay.
Roh sostiene que ciudades como Colón, San José, Pueblo Liebig, Concordia y Concepción del Uruguay basan buena parte de su economía en el turismo y en la actividad hotelera y gastronómica, por lo que cualquier alteración ambiental del corredor ribereño podría tener consecuencias económicas y sociales para miles de trabajadores.
Lo que se pide
Entre las medidas solicitadas al juez federal figuran:
– ordenar una evaluación de impacto ambiental transfronteriza e integral;
– convocar a una audiencia pública;
– garantizar el acceso a toda la información ambiental vinculada al proyecto;
– requerir la intervención efectiva de la CARU;
– y dictar una medida cautelar para evitar avances irreversibles mientras se analiza el caso.
Un debate que vuelve al río Uruguay
La presentación reabre un tema sensible para la región. El río Uruguay ya fue escenario de uno de los mayores conflictos ambientales entre Argentina y Uruguay durante la controversia por la instalación de las plantas de celulosa.
Ahora, el nuevo planteo judicial busca que la Justicia determine si, frente a este emprendimiento industrial, el Estado argentino actuó con la diligencia que exigen la Constitución, la legislación ambiental y los acuerdos internacionales o si, como sostiene el demandante, hubo una omisión que merece ser revisada judicialmente. La respuesta comenzará a definirse en los tribunales federales.
