Una convalidación judicial que enciende alarmas

Por MARTÍN MASCHIO – Abogado especializado en accidentes de trabajo (@MARTINMASCHIO&ASOC)

Esta lamentable situación se da en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en la causa “AGUIRRE RAMÓN ANTONIO C/ GALENO ART S/ COBRO DE PESOS” (Expte. N° 2196), tramitada ante el Juzgado Laboral N° 3 a cargo del juez de primera instancia Juan José Ardoy, donde se avaló una pericia médica que contiene una tergiversación de la bibliografía citada, un comportamiento ilícito que constituye un falseamiento de la prueba por parte del perito interviniente, hecho que podría encuadrar en delitos tales como falso testimonio de funcionario judicial, prevaricato u otras figuras que reprimen al funcionario deshonesto o infiel en el ejercicio de sus funciones.

Sucedió que el médico forense Adrián Siemens citó bibliografía científica de manera parcial y tergiversada, buscando con esta manipulación de la prueba encubrir el error de fundamentación de su colega, la perito Silvina Vouilloud, un ilícito que resultó indiferente a la Justicia.

Pese a esta manipulación evidente, y frente a la denuncia del hecho ilícito y pedido de nulidad del dictamen pericial, este en cambio fue convalidado con pleno valor probatorio. Y lo más grave: los jueces omitieron denunciar la posible comisión de delitos por el forense, incumpliendo la obligación legal que pesa sobre todo funcionario judicial (art. 235 del Código Procesal Penal de Entre Ríos).

No es un dato menor que la pericia médica irregular se haya basado en una resonancia realizada por la aseguradora en el año 2011, y que, pese a que la ART se negara a realizar nuevos estudios y a la desobediencia de la orden judicial, la Justicia terminó garantizando la impunidad del perito infiel y protegiendo los intereses de la aseguradora, que incluso negó la atención médica al trabajador, todo a costa del abandono de la persona gravemente incapacitada.

Pero como si no fuese suficientemente grave, ante la denuncia del ilícito del perito, se decidió ir más allá y castigar al mensajero: se aplicó una sanción de apercibimiento al abogado del trabajador, buscando amedrentar a quien simplemente denunció una irregularidad.

Esta grave irregularidad en protección de la corrupción de funcionarios judiciales no puede pasar desapercibida, porque invisibilizar estos hechos convertiría en “intocables” a funcionarios faltos de probidad e imparcialidad en el ejercicio del cargo.

Contrariamente a lo que muchos magistrados sostienen, los delitos también se cometen en ejercicio de funciones judiciales, y quien denuncia no deshonra.

Este precedente es alarmante: legitima un accionar pericial contrario a la buena fe y trasluce un mensaje intimidatorio a los abogados: denunciar un delito cometido en el ámbito judicial puede volverse en contra de quien lo plantea.

Desde nuestro estudio analizamos acciones de responsabilidad por daños y perjuicios, porque no estamos frente a un supuesto de simple “mala praxis”, sino ante una conducta dolosa de un funcionario y un encubrimiento judicial por omisión. La Justicia debe ser el resguardo de los trabajadores y el garante último de la legalidad, no un escenario donde se encubra el delito y se persiga a quien lo denuncia. Este no es un hecho aislado: es un llamado de atención sobre cómo puede distorsionarse el proceso en perjuicio del más débil.